La Defensa Nacional ante el abismo de la desinversión

 

El reciente proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que, lejos de ser coyuntural, comienza a adquirir tintes estructurales preocupantes: el desmantelamiento operativo de las Fuerzas Armadas (FFAA) a través de un recorte presupuestal de 3.3 millones de dólares.

Esta cifra, que a simple vista podría parecer una gestión fiscal austera, se traduce en la práctica en una merma directa de 1.4 millones de dólares en los salarios del personal militar y 1.9 millones de dólares en gastos operativos, desde combustible hasta insumos críticos de sanidad. Lo que el Gobierno presenta como un ajuste técnico, la realidad lo revela como una erosión sostenida de la capacidad de respuesta del Estado.

El costo de las tareas secundarias

La paradoja uruguaya es singular, mientras se recorta el presupuesto a Defensa, el catálogo de tareas exigidas a los militares no ha hecho más que expandirse. Hoy, las FFAA no solo deben cumplir con sus cometidos constitucionales, sino que actúan como una suerte de "navaja suiza" del Estado, cubriendo vacíos en áreas que le son ajenas por definición.

El caso de la custodia perimetral de las cárceles es el ejemplo más elocuente de este despropósito. La decisión de retirar al Ejército de la Cárcel de Canelones, obligando a la Fuerza Aérea (FAU) y a la Armada a cubrir esa guardia, no solo es un parche administrativo; es una vulneración de la seguridad estratégica. Al desviar personal de la FAU de sus cometidos primarios como la seguridad aeroportuaria para tareas de vigilancia penitenciaria en condiciones laborales deficientes, el Estado está debilitando sus líneas de defensa y supervisión más críticas.

A esto se suma la discrecionalidad política en el uso de recursos, ejemplificada por misiones extraordinarias como el vuelo a Venezuela, cuyo costo de 100.000 dólares fue absorbido por un presupuesto que ya se declara insuficiente para sostener el mantenimiento básico de sus propias aeronaves.

La falacia del traslado de plazas

Es necesario analizar críticamente la decisión política de priorizar el traslado de vacantes militares hacia el Ministerio del Interior. Argumentar que se requiere reforzar el cuerpo policial es legítimo en un país preocupado por la seguridad pública; sin embargo, resulta difícil de justificar cuando ya hoy el personal policial supera en un 10% al total de los efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Esta política de "desvestir un santo para vestir otro" no fortalece la seguridad integral de la nación. Por el contrario, se está debilitando la estructura jerárquica, la formación profesional y el despliegue territorial de las instituciones militares, transformándolas en una fuerza de reserva administrativa en lugar de una institución operativa capaz de disuadir y actuar ante emergencias nacionales.

Hacia una política de Estado realista

La actual postura gubernamental parece ignorar una máxima elemental de la administración pública, la autoridad de una institución se sostiene sobre su capacidad operativa. Un Ministerio de Defensa desfinanciado, con personal desmotivado por salarios que no acompañan el esfuerzo requerido y con un parque automotor y logístico en constante obsolescencia, termina siendo una institución que solo existe en el papel.

Si el objetivo del Gobierno es optimizar recursos, el camino no es el recorte lineal y el traslado de funciones inconexas. La vía correcta es el debate honesto sobre qué país queremos y para qué necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas. Si el Estado decide que las FFAA deben seguir siendo el sostén de la seguridad carcelaria, el apoyo social en crisis climáticas y el patrullaje de fronteras, entonces debe presupuestar esas tareas como lo que son, misiones adicionales que requieren fondos adicionales, no una carga impuesta sobre un presupuesto que ya se encuentra en niveles históricamente bajos.

De continuar con esta inercia, el Ejecutivo no solo estará deteriorando la operatividad de los cuarteles; estará poniendo en riesgo la capacidad del Estado para reaccionar ante los desafíos del futuro. Una Defensa Nacional debilitada no es una medida de ahorro, sino un riesgo a largo plazo que el Uruguay no debería permitirse correr.