El interior olvidado: cuando el discurso de la salud pública choca contra los votos en el Parlamento

 

En los discursos de campaña y en las declaraciones parlamentarias, la descentralización y el compromiso con la salud del interior del país siempre ocupan los primeros lugares de la agenda. Se habla con frecuencia de cercanía, de sensibilidad social y de conocer de primera mano las carencias del vecino que vive a cientos de kilómetros de Montevideo. Sin embargo, cuando llega el momento decisivo en el Palacio Legislativo allí donde las intenciones deben transformarse en leyes, presupuestos y estructuras jurídicas concretas, la realidad suele mostrar una distancia abismal entre la palabra empeñada y la mano que se levanta en la banca.

La reciente votación parlamentaria que negó a las localidades de Lascano y Castillos la elevación de sus centros auxiliares a la categoría formal de hospital es una muestra cabal de esa contradicción. Con una inesperada coincidencia de votos entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, se frustró una aspiración histórica de dos comunidades clave para el departamento de Rocha, dejando a miles de usuarios de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) rehenes de un esquema asistencial insuficiente y centralizado.

Para comprender la magnitud de esta decisión, es necesario mirar el mapa y entender la realidad geográfica y demográfica de Rocha. No se trata simplemente de un cambio de cartel o de una cuestión de estatus administrativo. La categoría de hospital y la consagración de una unidad ejecutora con presupuesto e independencia técnica propia marcan la diferencia entre tener capacidad resolutiva local o depender permanentemente del traslado de urgencia hacia la capital departamental o hacia otros puntos del Este.

Castillos, con su influencia directa sobre una amplia franja de la costa oceánica y poblaciones rurales aledañas, ve triplicada su demanda en temporadas turísticas y mantiene una población fija con requerimientos de atención de complejidad creciente. Lascano, por su parte, es el centro neurálgico del norte rochense, un punto estratégico que articula la asistencia de parajes rurales, zonas arroceras y localidades como Cebollatí. En ambas ciudades, los centros auxiliares dependen de la estructura de la Red de Atención Primaria (RAP), un modelo que, por definición, acota los recursos, limita la contratación directa de especialistas, restringe las guardias permanentes y complica la incorporación de equipamiento técnico adecuado.

Frente a esta problemática palpable, que no distingue bandos partidarios y que golpea por igual a cualquier familia que enfrenta una emergencia médica a las tres de la madrugada, resulta difícil asimilar la postura adoptada en el Parlamento. El Frente Amplio ha insistido reiteradamente en su prédica de cercanía con las bases y en su conocimiento minucioso de las demandas populares. Sin embargo, al momento de votar una solución de fondo para dos polos sanitarios indispensables, optó por la negativa.

La contradicción es elocuente: no se puede sostener en las comisiones y en los actos públicos que la salud es un derecho innegociable de la descentralización, y al mismo tiempo rechazar la herramienta jurídica y presupuestal que permitiría a Lascano y a Castillos gestionar sus propios recursos, jerarquizar su personal médico y dotar a sus instalaciones de un segundo nivel de atención digno.

A este desenlace se sumó el respaldo de Cabildo Abierto, una fuerza que construyó buena parte de su relato político prometiendo defender al interior profundo y a las comunidades más postergadas. Al unirse a la negativa, se consolidó un bloqueo que ignora los reclamos acumulados durante años por comisiones de vecinos, usuarios organizados y personal de la salud de la región. La votación conjunta terminó por enviar un mensaje desalentador: para ciertas mayorías circunstanciales, dotar de categoría hospitalaria y autonomía a dos localidades del este uruguayo no parece ser una prioridad que merezca respaldo.

El costo de estas decisiones no se mide en actas legislativas ni en discusiones de comisión; se paga en horas de ambulancia recorriendo rutas departamentales, en esperas interminables para acceder a consultas especializadas y en la saturación constante del Hospital de Rocha. Cada vez que una urgencia supera la capacidad del centro auxiliar, el sistema empuja al paciente al traslado, con todo el desgaste humano, el riesgo clínico y el gasto logístico que ello implica.

La salud pública no puede ser rehén de conveniencias tácticas ni de cálculos de bancada. Lascano y Castillos no pedían un privilegio; demandaban el reconocimiento de una realidad sanitaria evidente. Mientras en el Parlamento se argumente que la prioridad es la gente pero se vote en contra de dotar de herramientas a las comunidades que más lo necesitan, la brecha entre el Uruguay que se debate en los escritorios de la capital y el Uruguay que padece las distancias en el interior seguirá siendo una deuda abierta y dolorosa.