La ley como garantía de convivencia: el respaldo necesario a la Justicia en los desalojos
Cuando una sociedad empieza
a mirar hacia otro lado frente al incumplimiento de las normas, lo primero que
se resiente no es una planilla administrativa ni un expediente judicial, sino
la confianza básica entre vecinos. Los recientes procedimientos de desalojo
dispuestos por la Justicia en la zona de Valizas y en otros puntos del
departamento vuelven a poner sobre la mesa una discusión que, aunque a veces
resulte incómoda, es indispensable dar con claridad y sin rodeos, la vigencia
efectiva de la ley es lo único que garantiza que todos seamos verdaderamente
iguales y que nadie quede librado a su propia suerte.
En los últimos tiempos se ha
vuelto frecuente que, ante una orden judicial de lanzamiento o desalojo,
aparezcan voces que intentan instalar la idea de que cumplir con un fallo es
una medida fría, insensible o desproporcionada. Ese razonamiento encierra una
trampa peligrosa. Confundir la sensibilidad social con la tolerancia a la
irregularidad termina perjudicando, precisamente, a quienes más necesitan un
Estado ordenado y previsible. Cuando se relativiza el mandato de un juez, el
mensaje que recibe la comunidad es devastador, que el esfuerzo de quien cumple,
paga sus impuestos, respeta los límites de la propiedad ajena y tramita sus
asuntos por las vías legales vale exactamente lo mismo que la prepotencia de
quien decide instalarse por la vía de los hechos.
En lugares como Valizas y en
distintas zonas de nuestro territorio, los vecinos conocen de primera mano lo
que significa convivir con la incertidumbre. Saben lo que cuesta levantar una
vivienda con sacrificio, mantener un predio en condiciones o sostener un barrio
limpio y seguro. Por eso, cuando la Justicia interviene luego de recorrer las
instancias procesales correspondientes, con todas las garantías que ofrece
nuestro ordenamiento jurídico, no está actuando por capricho ni persiguiendo a
nadie. Está restableciendo un equilibrio que se había roto y recordando que en
una república existen reglas que nos obligan a todos por igual, sin excepciones
ni privilegios.
Detrás de cada expediente
judicial hay plazos, notificaciones, instancias de defensa y resoluciones
fundadas. Nadie llega a una instancia de desalojo de la noche a la mañana.
Cuando finalmente se dicta la orden, estamos ante la culminación de un proceso donde
el derecho ya habló. Pretender obstaculizar ese desenlace o cuestionar la
legitimidad del procedimiento equivale a socavar los cimientos mismos de la
convivencia democrática. Si las sentencias se cumplen solo cuando resultan
simpáticas o convenientes para determinados relatos, entonces dejamos de vivir
bajo un Estado de derecho para pasar a depender de la ley del más fuerte o del
que grita más alto.
En este escenario, merece un
reconocimiento expreso y sin ambigüedades la labor de la Policía Nacional. Como
auxiliar de la Justicia, la institución policial cumple una tarea ingrata pero
insustituible, hacer efectivo en el terreno lo que los magistrados disponen en
el papel. Quienes visten el uniforme no eligen los operativos ni redactan las
leyes; acatan órdenes legítimas y ponen el cuerpo para que las resoluciones
judiciales no queden en letra muerta. Lo hacen, además, en contextos muchas
veces tensos, expuestos a presiones y cuestionamientos injustos, manteniendo la
templanza y el profesionalismo que exige el servicio público. Respaldar su
actuación no es un gesto corporativo ni una postura rígida; es una obligación
cívica de cualquier ciudadano que entienda que sin autoridad legítima no hay
libertad posible.
El principio de igualdad
ante la ley, consagrado en nuestra Constitución, no es una frase decorativa
para los actos patrios. Significa, en términos concretos y cotidianos, que
ningún ciudadano tiene derecho a pasar por encima de otro, ni a apropiarse de lo
que no le corresponde, ni a exigir contemplaciones especiales a costa del
perjuicio ajeno. La verdadera justicia social empieza por asegurar que las
reglas de juego sean parejas para todos. Cuando el Estado falla en hacer
cumplir la norma, los primeros que pierden son los sectores más humildes y
trabajadores, porque son ellos quienes carecen de recursos privados para
protegerse y dependen enteramente de la eficacia de las instituciones públicas.
También conviene distinguir
con honestidad entre los problemas habitacionales reales que requieren
políticas públicas serias, planificación y asistencia social canalizada por los
organismos competentes y la ocupación indebida o el desconocimiento deliberado
de la ley. Mezclar ambos planos solo sirve para paralizar la acción
institucional y perpetuar conflictos que degradan la calidad de vida de barrios
enteros. Las soluciones sociales nunca pueden construirse sobre la base de
validar hechos consumados al margen de la legalidad, porque de ese modo se
desordena el territorio, se frustran inversiones comunitarias y se condena a
las propias familias a vivir en la precariedad jurídica y material.
Apoyar hoy las actuaciones
de la Justicia y el despliegue profesional de la Policía en Valizas y en cada
rincón donde sea necesario restablecer el orden jurídico es apostar por el
futuro de nuestra comunidad. Queremos barrios donde el vecino que cumple se
sienta amparado, donde las instituciones funcionen con normalidad y donde la
palabra ley vuelva a tener el peso moral y práctico que nunca debió perder.
Porque al final del día, respetar las normas no es someterse a una imposición
externa, es el acuerdo más noble que tenemos los ciudadanos para vivir en paz,
mirarnos a los ojos con respeto y construir una sociedad justa para todos.

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